El acceso a la información pública y a la protección de datos personales son derechos inherentes a la persona humana. En Uruguay, además, están consagrados en la legislación desde hace más de 15 años. No obstante, desde la promulgación de las leyes 18.381 de acceso a la información pública y 18.331 de protección de datos personales, se han identificado “tópicos o áreas en las que no hay una visión clara de cómo estos derechos se entrelazan”, explicó Alberti a la Unidad de Comunicación de la FIC.

La tensión entre estos derechos en el marco de los archivos históricos es una de las temáticas que abordará el GT 15 durante las V JIFIC. Tal vez para muchas personas la referencia a los archivos del pasado reciente sea una asociación directa con la temática. 

Pero el problema excede al período de actuación ilegítima y terrorismo de Estado, explicaron los investigadores, citando un caso expuesto en el conversatorio “Acceso a la información de los archivos históricos del Uruguay” celebrado en 2023. Por ejemplo, qué sucede con las “empresas aseguradoras o instituciones bancarias que quieren acceder a datos personales de antecesores fallecidos para estimar plazos y montos de pólizas o créditos de clientes actuales”, señaló la docente del Departamento Información y Sociedad. “Si bien se trata de una situación que parece lejana y poco practicable, siembra dudas sobre el equilibrio de los dos derechos que venimos estudiando”.

Alberti explicó que la disyuntiva planteada, a grandes rasgos, “se relaciona a la ponderación de ambos derechos y a la fecha no parecería haber una visión única al respecto. Mientras algunos plantean que la importancia de la información contenida en documentos históricos ya no es aquella por la que estos documentos fueron producidos y está ahora más relacionada su valor para la construcción histórica y de memoria, otros defienden que el marco normativo actual no prevé claramente ninguna excepción acerca de cómo actuar frente a la solicitud de documentos con datos personales en el caso concreto de instituciones archivísticas y, por ende se debe proteger el derecho de los titulares de dichos datos”.

El caso de Archive.org

¿Qué comentarios nos pueden hacer sobre el caso de los “Archivos del Terror en Uruguay” a la luz de estas discusiones? Para contestar a esta pregunta Fabián Hernández recurre al comunicado del Comité de Coordinación para la implementación del Repositorio Luisa Cuesta. 

El docente del Departamento Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información señaló el énfasis en la necesidad de conocer el origen de la documentación publicada en internet para evaluar su confiabilidad. Y por otra parte, agregó, teniendo en cuenta que la información ya circuló “¿Cómo se protege la dignidad de las personas cuando la información ha sido puesta a disposición en internet con acceso íntegro y desde el exterior del país, desconociéndose su procedencia? ¿Qué acciones pueden tomarse para eliminar aquella información o datos que se encuentran allí documentados, atentando con la dignidad o que no se adecuan a la realidad de los sucedido en los eventos y hechos de la época?” 

El Repositorio Luisa Cuesta fue inaugurado en 2022 por un convenio entre la Universidad de la República (Udelar) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para “garantizar el almacenamiento, organización y disponibilidad de información digital relacionada con las violaciones a los derechos humanos” entre 1968 y 1985. Por mandato legal reúne el acervo documental del Estado sobre el pasado reciente y es un espacio de acceso libre a la consulta, provisto de un mecanismo de regulación específico. 

Consultado, como responsable técnico del Repositorio, sobre los mecanismos a través de los cuales se salvaguarda la dignidad de las personas, Hernández señaló que un aspecto novedoso es el Protocolo de Acceso a los Documentos. Explicó que para acceder a la información actualmente disponible en el Repositorio se puede asistir personalmente y en el caso de requerir acceder a la información digitalizada hay que completar un formulario en el que la persona se hace responsable del uso de la información y de referenciar al Repositorio. 

“Operativamente”, agregó, “para poder acceder a las herramientas informáticas de búsqueda y recuperación de información del acervo digital, el usuario debe proporcionar información sobre su nombre y apellido completos, nacionalidad, fecha de nacimiento, documento de identidad, domicilio y forma de comunicación; redactar una nota explicativa sobre el rol con el que pide acceso, junto la documentación acreditante, con la indicación de la información que busca”.

El personal técnico, además, “lleva un registro de todas las autorizaciones, que conforma una base de datos en la cual constan los datos de las personas solicitantes para consulta del acervo digital, describiéndose informáticamente todas las búsquedas realizadas por los solicitantes. Para ello, queda un registro de la sesión con la especificación de la información que se busca y la/s agrupación/es documental/es a la/s que se accede en cada instancia. En casos en que la búsqueda de información el contenido pueda afectar la dignidad de las personas, el funcionario del Repositorio le comunica al solicitante que debe presentar una nota al Comité de Coordinación con el fundamento expreso respecto a la necesidad de acceder a esa información específica”.

Observatorio social

“Observatorios en el marco de las políticas públicas: instrumentos de fortalecimiento del derecho de acceso a la información en Uruguay” es el título de uno de los trabajos que se presentarán en el marco de este GT durante las Jornadas. 

“Los observatorios son herramientas fundamentales para medir y evaluar el grado de cumplimiento y desarrollo de las políticas públicas de un país”, señaló Alberti. “Estas estructuras permiten relevar la evolución de las estrategias trazadas en distintos rubros y sirven como insumo para la elaboración de mejoras y propuestas de cambio”.

En un contexto de crecimiento de la creación de figuras de observatorio, especialmente en el campo social (por ejemplo el Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Observatorio de Educación o el Observatorio de Políticas Sociales), “surge la interrogante de cuál es el estado de situación en cuanto al monitoreo de datos en materia de transparencia, acceso a la información pública y su vínculo con la gestión documental y administración de archivos”, comentó la investigadora.

Actualmente, contaron los docentes, se está trabajando en la creación de un observatorio social en materia de gobierno abierto, sistema de archivos, transparencia y acceso a la información.

La iniciativa se encuentra bajo la órbita de la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) en colaboración con docentes de la FIC. El proyecto está en sus etapas iniciales, contó Alberti. “A través de este instrumento, se espera poder reunir datos cualitativos y cuantitativos en base a líneas de investigación que involucran temáticas como las políticas públicas en información, la administración electrónica o la gestión de datos e información, de documentos y archivos. De esta manera, se espera medir el grado de cumplimiento de la normativa que comprende a sectores como el archivístico (en particular en lo relativo al Sistema Nacional de Archivos), pero también establecer los vínculos de esta área con las buenas prácticas en materia de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas. Los invitamos a participar de las instancias de encuentro e intercambio en las próximas Jornadas de Investigación FIC para conocer más al respecto”.

Además de Albertti y Hernández, integran el GT15 las docentes Alejandra Villar (coordinadora del grupo) y María López Carrato. Presentarán cuatro ponencias el miércoles 16 de octubre a las 9.00 en el salón 410.

Ponencias:

• "Vínculo entre el derecho de acceso a la información pública y la gestión documental: análisis de resultados del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INTAI), sobre indicadores referidos a Gestión Documental y Archivos, ediciones 2021y 2022".
• "Una aproximación a la tensión entre el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales en el marco de archivos históricos".
• "Observatorios en el marco de las políticas públicas: instrumentos de fortalecimiento del derecho de acceso a la información en Uruguay".
• "Inteligencia artificial en la gestión de documentos digitales para el acceso a la información pública en el Uruguay".

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